Redacción
Un boom productivo sin freno, una avalancha de dólares que se esfuman y un Estado que mira para otro lado. Mientras Argentina se encamina a convertirse en un actor clave del mercado global del litio —mineral fundamental para la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía como baterías, celulares o autos eléctricos—, una denuncia penal expone maniobras millonarias de subfacturación y advierte sobre un preocupante vacío regulatorio que amenaza con hipotecar el futuro energético del país.
Argentina atraviesa un momento histórico en la industria del litio. Según datos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se espera que en 2025 la producción alcance las 130.800 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE). Esto representaría un aumento del 75% respecto al año anterior y consolidaría al país como el quinto productor mundial del llamado “oro blanco”.
Este crecimiento explosivo responde a la puesta en marcha de nuevos proyectos y la expansión de plantas ya operativas, especialmente en las provincias del norte. Sin embargo, el auge productivo llega acompañado de graves denuncias por evasión fiscal y falta de controles.
La Cámara Latinoamericana del Litio presentó esta semana una ampliación de la causa penal 3309/23 ante la Justicia federal, en la que acusa a varias empresas exportadoras de litio de haber declarado precios hasta un 40% por debajo del valor internacional durante 2024. La denuncia, encabezada por el presidente de la entidad, Pablo Rutigliano, estima que el país perdió más de 400 millones de dólares en divisas como consecuencia de estas maniobras.
Según el informe técnico-económico incluido en la presentación judicial, mientras el precio internacional promedio del litio grado batería fue de 15.157 dólares por tonelada, las empresas declararon exportaciones con un valor FOB promedio de apenas 8.889 dólares. Esta brecha habría permitido la fuga masiva de capitales mediante una subfacturación sistemática.
La Cámara no solo responsabiliza a las empresas implicadas, sino que apunta al Estado nacional por su pasividad ante estas irregularidades. “Estamos regalando el futuro energético de la Argentina por falta de voluntad política y supervisión técnica”, declaró Rutigliano, quien además advirtió que el litio todavía no ha sido reconocido como un commodity estratégico, lo que obstaculiza su regulación efectiva.
Entre las medidas exigidas por la Cámara figuran la incorporación del informe técnico como prueba judicial, la citación a indagatoria de los responsables empresariales, la solicitud de documentación societaria y contable de las compañías involucradas, y la aplicación de medidas cautelares para preservar activos nacionales. Incluso, se solicita evaluar la posible responsabilidad penal de funcionarios públicos por omisión o complicidad.
Las principales operaciones de litio en Argentina se concentran en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, donde se desarrolla lo que se conoce como el “triángulo del litio”, una de las reservas más codiciadas del planeta por su calidad y volumen. Las condiciones geológicas favorables y una estructura de costos competitiva han convertido a Argentina en el principal receptor de inversiones en exploración litífera de la región.
Entre 2010 y 2022, Argentina captó casi el 22% del total global de inversiones en exploración de litio, y más del 60% de lo destinado a América Latina. A pesar del desplome de los precios internacionales —que pasaron de picos de 80.000 dólares por tonelada en 2022 a menos de 10.000 en la actualidad— los proyectos en el país continúan avanzando, respaldados por un mercado en transición energética y una demanda futura sostenida.
La reciente aprobación del primer proyecto minero bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) refuerza esta tendencia. La multinacional Río Tinto invertirá más de 2.500 millones de dólares en Salta para construir una planta con capacidad para producir 3.000 toneladas anuales de litio grado batería.
El futuro del complejo litífero argentino no solo dependerá de las obras en curso o del precio internacional, sino también de la capacidad del Estado para garantizar transparencia, control y valor agregado. “La Argentina no puede darse el lujo de repetir los errores del pasado con el litio”, advirtió Rutigliano. “Es una oportunidad histórica, pero también una responsabilidad.”
Así, mientras el país lidera las estadísticas de producción e inversión, enfrenta también el desafío de frenar una fuga de riqueza que amenaza con convertir un recurso estratégico en una promesa vacía.
